El caso Errejón: Sumar y Podemos condenan el trato judicial a Mouliaá

En un contexto marcado por el clamor de justicia y la defensa de los derechos de las mujeres, el caso de Elisa Mouliaá ha resurgido con una nueva intensidad tras su declaración judicial sobre la agresión sexual que supuestamente sufrió a manos del expolítico Íñigo Errejón. El juez Adolfo Carretero ha sido blanco de críticas por el modo en que condujo el interrogatorio, cuya filtración ha sacudido a la esfera pública y ha abierto un debate sobre la necesaria reforma en el tratamiento de las víctimas en los juzgados.

La respuesta de los partidos políticos Sumar y Podemos ha sido unánime y contundente; sus líderes han expresado su rechazo a la forma en que Mouliaá fue tratada en el estrado. La portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, calificó la experiencia de la actriz como un "alegato a no denunciar", subrayando que ninguna mujer debería tener que enfrentarse a un interrogatorio que la revictimiza. Su indignación resonó con un eco que se extendió más allá del ámbito político, reivindicando un cambio profundo en el sistema judicial para garantizar que las víctimas se sientan protegidas y apoyadas.

La voz del gobierno y la cultura del silencio

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, no se abstuvo de expresar su malestar, señalando que el tratamiento dispensado a Mouliaá le hizo cuestionarse el estado actual de la justicia en relación con la violencia de género. Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, enfatizó la urgencia de crear juzgados especializados en violencia sexual, afirmando que el abordaje actual no solo es insuficiente, sino que perpetúa una cultura de silencio e impunidad.

Las palabras de los ministros plantean una cuestión crítica: ¿cómo garantizar que la justicia se convierta en un refugio seguro para las víctimas? La respuesta, como insinúa la creciente presión social, podría residir en cambios legislativos que consideren el contexto emocional y psicológico de las víctimas. Este clamor se alinea con el pensamiento contemporáneo sobre la necesidad de una justicia restaurativa, que no solo busca castigar a los infractores, sino también sanar y empoderar a las víctimas.

Más que un caso: un reflejo social

El caso de Mouliaá no debe ser considerado un evento aislado, sino que representa un microcosmos de las luchas que enfrentan las mujeres al denunciar abusos. Las frases del juez, que cuestionaron las intenciones de la víctima cenaron el debate público, revelando una resistencia cultural a reconocer la complejidad de las experiencias de las mujeres en situaciones de violencia. La falta de formación en perspectiva de género en la judicatura ha sido, durante años, uno de los puntos flacos del sistema, como señalan los críticos.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha coincidido en la importancia de salvaguardar la intimidad de las víctimas, una exigencia que se ve pisoteada ante la filtración de testimonios sensibles. La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Esther Erice, ha sido contundente al señalar que tales situaciones son incompatibles con el derecho a un juicio justo.

Reflexiones finales

La brutalidad del interrogatorio hacia Mouliaá trae a la luz un fenómeno mucho más amplio: la tensión entre la necesidad de justicia y el miedo al sufrimiento que implica denunciar. En una era donde los movimientos sociales y las luchas por los derechos humanos se encuentran en un punto álgido, como si de una ley de Newton se tratara, para cada acción (el avance de las mujeres hacia la justicia), hay una reacción (la resistencia de estructuras patriarcales).

Ampliar el concepto de justicia para incluir la sensibilidad necesaria al tratar con víctimas de violencia no es solo un imperativo legal; es un imperativo moral. La sociedad española, que ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para evolucionar, se enfrenta hoy a un desafío monumental: reconocer y corregir las fallas que pervierten la protección y el respeto que merecen todas las mujeres.